Mientras el país entero permanecía bajo el estado de alarma a consecuencia del Covid, el Gobierno ha cedido a las presiones de los cazadores al amparo de razones que tienen poco o nada que ver con un supuesto fin medioambiental.
Es inexplicable como siguen año tras año y a fuerza de mentiras, hacernos creer que ellos son controladores de poblaciones de conejos ó jabalíes, aunque realmente hay que reconocerles el mérito por haber conseguido incluso poder lograr su objetivo cuando prácticamente cualquier actividad no esencial, estaba prohibida.
Con el argumentario de…deporte, equilibrio ecológico y tradición, tienen literalmente engañados hasta las más altas esferas, ya que realmente y detrás de todo ello lo que existe es un gran negocio amparado por un lobby que, por supuesto no va a bajar la guardia teniendo en cuenta lo que ingresan por ello.
Es curioso que muy poco después de declararse el estado de alarma, ya había Comunidades Autónomas (por ejemplo Galicia) en donde se elaboraba una resolución para que los cazadores pudieran dar de lado las limitaciones que teníamos todos los ciudadanos.
Eso si, ellos hablan de equilibrio ecológico pero ni mención al negocio de cómo matar a un ciervo por 3.500 euros, ó a una cabra montesa por 1.500 , animales criados en granjas para ser matados por cazadores, con lo que tener un coto de caza supone una buena fuente de ingresos teniendo en cuenta que unido a las granjas, nunca faltarán piezas.
Añadiendo a todo lo anterior, los daños ocasionados por esa actividad como son los miles de perros que anualmente son desechados por esos “vigilantes del medioambiente” una vez que ya no les son de utilidad, cifras que pueden ofrecer los centros públicos de recogida de animales así como las sociedades protectoras de ámbito privado.
Paremos el negocio de la caza y que además obtengan ayudas públicas.
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